La Casa Blanca evalúa una acción ejecutiva para restringir la capacidad de los migrantes de solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México si cruzaron de manera ilegal.
Justamente, una maniobra que recuerda una polémica medida del gobierno de Donald Trump y que seguramente llevará a una feroz reacción de los defensores de inmigración y los progresistas.
El manejo de la situación en la frontera sur ha sido un punto crítico para Joe Biden durante años, a medida que los niveles de migración alcanzaron cifras récord y miles de personas llegaron a la zona.
La acción que la casa blanca analiza parece ser una extensión de algunas de las medidas más duras incluidas en un proyecto de ley sobre migración, que los republicanos terminaron rechazando, así como otra señal de los esfuerzos del gobierno de Biden para mostrar que es agresivo en materia de seguridad fronteriza antes de las elecciones de 2024.
Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la acción ejecutiva, que prevé el uso de una normativa conocida como 212f entre los puertos de entrada para tratar de reprimir los cruces ilegales de la frontera.
Un funcionario del gobierno señaló que con frecuencia se analizan posibles medidas, pero que no siempre avanzan.
No está claro cómo se ejecutaría la orden que está en discusión.
Tampoco si sería diferente, y de qué manera, de lo que se promulgó durante el gobierno de Trump.
Dentro de la administración revisan la acción, dijo una fuente.
Ningún portavoz de la Casa Blanca ha hecho comentarios sobre las acciones en consideración.
Biden sugirió a principios de este mes que cerraría la frontera entre EE.UU. Y México si la legislación fronteriza propuesta se convertía en ley, respaldando de hecho una de las medidas más duras que incluyó el paquete.
“Si el proyecto fuera una ley hoy, calificaría para que se cierre (la frontera) ahora mismo mientras la reparamos”, dijo Biden.
Trump intentó cerrar la frontera sur de Estados Unidos a los solicitantes de asilo que la cruzan ilegalmente mientras estaba en el cargo, para lo cual invocó disposiciones de la ley de inmigración, pero las cortes bloquearon estos esfuerzos.
En 2018, Trump intentó utilizar la 212f, que otorga al presidente una amplia autoridad para implementar restricciones de inmigración a la hora de limitar los cruces fronterizos.
Sin embargo, en última instancia, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la autoridad entra en conflicto con la ley de asilo y la autoridad 212f no la anula.
Los funcionarios del gobierno, que se enfrentan a la disminución de los fondos de seguridad fronteriza, también han discutido si la declaración de una emergencia nacional podría apuntalar los fondos, dijeron dos fuentes.
La petición suplementaria de la Casa Blanca incluye USD$ 14.000 millones para seguridad fronteriza, pero sigue estancada en el congreso.
