Arkansas, Alabama y Luisiana presentaron una demanda civil contra 29 personas y organizaciones a las que acusan de enviar píldoras abortivas a sus estados, donde existen leyes que restringen el aborto. Entre los demandados se encuentran médicos, clínicas y otras organizaciones de atención médica.
Los fiscales generales de los tres estados sostienen que estos envíos violan sus respectivas leyes estatales. Los demandados podrían presentar sus propios argumentos ante los tribunales; por ahora, se trata de acusaciones contenidas en una demanda y no de hechos determinados judicialmente.
Por separado, los tres estados también acudieron a la Corte Suprema de Estados Unidos para impugnar las llamadas leyes de protección de California, Nueva York y Massachusetts, que buscan proteger a proveedores de servicios de aborto frente a investigaciones o acciones legales provenientes de otros estados.
El caso forma parte de una disputa legal más amplia sobre el acceso a medicamentos abortivos y el alcance de las leyes estatales después de la decisión de la Corte Suprema en Dobbs
